En la última década, la mayoría de los países de América Latina y el Caribe experimentaron su período de más rápido crecimiento desde los años ‘70, expandiéndose a un ritmo superior al de la media mundial y a la de los países desarrollados. No solo se lograron avances en materia de reducción de desempleo, pobreza e la indigencia, sino que por primera vez en varias décadas se lograron avances en materia de equidad. (CEPAL, 2010). Los países de la región supieron aprovechar el contexto externo favorable (la crisis económica de 2008-2009 y el surgimiento de China como potencia económica a nivel mundial) para impulsar el crecimiento económico con superávit fiscal y reducción del endeudamiento externo.
El crecimiento económico en el período 2003-2010 posibilitó una recuperación con respecto al débil desempeño observado a partir de la crisis de la deuda de comienzos de los años ochenta. Sin embargo, las tasas de crecimiento alcanzadas durante este periodo no lograron equipararse a las obtenidas en la década de 1970 por los propios países de la región ni a las observadas en otros países en desarrollo en la actualidad. Esta dificultad para retomar un sendero del crecimiento acelerado podría significar que el impulso desarrollista de la última década está empezando a decaer.
En el marco de esta desaceleración, que no arrastra las tasas de crecimiento que se verificaron en la última década, siete países (Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Panamá y Uruguay) celebrarán elecciones presidenciales en 2014. Quienes buscan la reelección, como Dilma Rousseff, ya debieron enfrentarse a multitudinarias protestas sociales que reclamaban menos corrupción y más inversión en programas sociales, en infraestructura y en servicios públicos. Quienes luchan por llegar al poder, deberán moderar las promesas electorales e impulsar campañas austeras. Todos enfrentan una coyuntura macroeconómica que amenaza convertirse en tendencia y exige un replanteo de los contratos sociales entre futuros gobiernos y sociedad.
Frente a este panorama, resulta interesante rescatar el documento elaborado a mediados del año 2012 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) titulado “Cambio estructural para la igualdad. Una visión integrada del desarrollo”. En este trabajo, CEPAL plantea la necesidad de impulsar cambios estructurales productivos e impositivos que tengan como foco una mayor equidad y sugiere la implementación de “Pactos para la Igualdad” de contenido social y fiscal como alternativa para solucionar la inequidad de la región más desigual del planeta.
La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, ha sostenido en varios foros que “nuestra región ha de reconocer que la igualdad debe ser el principio ético normativo primordial y el objetivo último”. Para consolidar la igualdad, diversificar la economía y mejorar el impacto distributivo de las políticas públicas, deben lograrse cambios estructurales que ayuden a garantizar el crecimiento sostenido de las economías, la igualdad de derechos y obligaciones y la sostenibilidad ambiental.
El camino del cambio estructural
En el documento de la CEPAL se sostiene que “el cambio estructural implica colocar en el centro de la dinámica de crecimiento los cambios cualitativos en la estructura productiva. Hoy esto tiene sus particularidades, en gran medida marcadas por economías abiertas que definen sus patrones de especialización de cara a la inserción en los mercados mundiales. Es necesario, tanto para una mejor inserción global como para un dinamismo interno virtuoso en el ámbito de la productividad y el empleo, procurar mayor participación de los sectores intensivos en conocimiento en la producción total. De esta forma, se promueve a lo ancho de la economía y el tejido social el desarrollo de capacidades, conocimientos y procesos de aprendizaje de manera coordinada con la producción y la inversión”.
Además se señala que “en este contexto, la sostenibilidad ambiental solo se logrará si hay un cambio estructural que lleve adelante un proceso tecnológico profundo e incluyente. En el marco de nuestra propuesta, entendemos que el cambio estructural resulta virtuoso cuando se rige por dos ámbitos interconectados: por un lado, la mayor presencia relativa, tanto en la producción como en el comercio, de los sectores más intensivos en conocimiento. Por otro lado, es necesario diversificarse hacia sectores con rápido crecimiento de la demanda interna y externa de tal forma que esta demanda pueda ser atendida con oferta interna, y que las exportaciones e importaciones crezcan de forma equilibrada sin generar presiones insostenibles en la balanza de pagos”.
“En la perspectiva que se plantea en este documento, las políticas industriales apuntan hacia dos direcciones complementarias: dotar de mayores capacidades y competitividad a sectores existentes con claro potencial de especialización e incorporación de progreso técnico, y diversificar la estructura productiva mediante la creación de nuevos sectores de alta productividad y mayor sostenibilidad y eficiencia ambiental. A esto se agrega la urgente necesidad de promover mayor productividad en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas y de las microempresas, sobre todo por su capacidad para generar empleo y convertirse en grandes centros de difusión del conocimiento y de apropiación de la tecnología”.
El horizonte de la igualdad
El documento de CEPAL marca un rumbo: “Si el cambio estructural es el camino, la mayor igualdad es el horizonte de referencia, y la política industrial y la macroeconomía son los instrumentos para alcanzar este objetivo. Al centrar el crecimiento en la creación de nuevos sectores y en la difusión tecnológica al conjunto del sistema, el cambio estructural genera oportunidades de empleo en sectores de mayor productividad, a la vez que estimula una mayor tasa de participación y una menor tasa de desempleo e informalidad. Todo esto sin duda tiene efectos positivos en la reducción de la pobreza y la desigualdad”.
“Por cierto, hay dos formas complementarias de avanzar hacia mayores niveles de equidad distributiva, que se combinan de diversas maneras. Una es por vía fiscal, aplicando impuestos a los sectores de mayores ingresos y otorgando beneficios a los sectores desfavorecidos. Las políticas sociales son frecuentemente el vehículo para asistir por esta vía a los grupos más vulnerables y pobres. Otro sendero hacia la igualdad es el que privilegia la propuesta de cambio estructural, avanzando hacia una matriz productiva que endógenamente genere empleos y capacidades, y ampliando actividades de alta productividad entre las que se incluyen el acceso a la tecnología, la apropiación del conocimiento y la distribución de los aumentos de productividad entre los distintos factores productivos.”
El trabajo resalta que “cuando la estructura productiva está muy polarizada, los mecanismos puramente redistributivos de carácter fiscal-social no solucionan los problemas de desigualdad y escaso crecimiento y no son sostenibles en el largo plazo. Más temprano que tarde las políticas deberán ocuparse de la generación de oportunidades de empleo y capacitación en el marco del cambio estructural. La adopción de políticas industriales que impulsen esa transformación debe ser considerada, junto con las políticas sociales, dimensiones claves en el horizonte de la igualdad.
La síntesis de lo planteado demuestra que “… el eje central que articula el documento que aquí presentamos tiene el cambio estructural como camino, las políticas públicas como la caja de herramientas y la igualdad como valor que le subyace y horizonte hacia el cual se orienta ese cambio estructural”.
Una visión pensando en las generaciones venideras
El documento otorga un rol fundamental a la juventud y a las próximas generaciones ya que “el cambio estructural se propone aquí al calor de una inflexión decisiva de la historia de la humanidad. En efecto, el futuro global se juega hoy en dinámicas tan gravitantes como el cambio climático o la pérdida de la biodiversidad que se avecinan, y que solo podrá ser asumido con políticas modernas de intensa innovación tecnológica y social. Vivimos, probablemente, el momento que requiere el cambio más radical, en tiempos más comprimidos, que ha enfrentado la humanidad respecto de sus formas de producir y consumir. En este marco, América Latina y el Caribe puede constituir una plataforma privilegiada para este proceso de transformación”.
“El cambio estructural para la igualdad es, pues, una visión de largo plazo que implica transformaciones profundas y en la que la política tiene el papel de priorizar, orientar y concertar. Para plasmar esa visión en acciones y pasos concretos que confluyan en torno a dicho horizonte estratégico se requieren instituciones democráticas y eficientes. A esta visión le anima una genuina vocación de futuro orientada a las generaciones venideras para el ejercicio pleno de sus derechos y potencialidades”.
“En primer lugar, porque el cambio estructural requiere del protagonismo de estas generaciones, quienes aportarán sus renovadas capacidades para difundir el progreso técnico y emprender avances inéditos en las formas de producir, organizar y comunicar. En segundo lugar, porque las nuevas generaciones nacen y crecen con el uso de las nuevas tecnologías, lo que las hace parte esencial de la transición hacia sociedades de la información y el conocimiento. Pero no solo eso, existe también un fuerte vínculo potencial entre la revolución tecnológica y las nuevas trayectorias que permiten armonizar el crecimiento con la sostenibilidad ambiental, como sucede en la medida que aumenta la virtualización que ahorra materiales, energía y movimientos. El cambio tecnológico puede ser orientado de manera de compatibilizar aumentos de productividad con criterios ambientales. Y son, precisamente, las nuevas generaciones quienes muestran mayor sensibilidad ante los desafíos ambientales de largo alcance en el tiempo y que rebasan las fronteras nacionales”.
En tercer lugar el documento plantea que “los cambios demográficos advierten que en el mediano plazo nuestras sociedades estarán más envejecidas y, por lo mismo, dependerán cada vez más de la productividad de la generación activa. La actual fase de bono demográfico, con una disminución relativa de la población infantil y un aumento relativo de la población en edad de trabajar, hace propicio invertir en las capacidades de las nuevas generaciones. Esto hace imperativo aprovechar las oportunidades y anticiparse a los riesgos de los cambios en la pirámide de edades. Por lo mismo, los niños y jóvenes de hoy serán decisivos mañana para promover aumentos de productividad que permitan sostener sistemas de protección social adecuados a los nuevos perfiles demográficos”.
“Por último, los cambios políticos y la emergente sociedad en red llevan a nuevas formas de movilizarse y organizarse para plantear demandas, propiciar nuevos espacios de deliberación, y reencantar el espacio público con la renovada participación ciudadana. En este giro hacia la movilización en redes y el mayor espacio de la política, los jóvenes de hoy muestran una sorprendente creatividad en el uso de los espacios y los recursos disponibles, y una renovada capacidad reflexiva en torno al destino colectivo. Por lo mismo, son estas las generaciones más abiertas a cambios de rumbo como los que se plantean en estas páginas, con énfasis en la mayor igualdad social, en nuevas formas de producir y de orientar el crecimiento, en el acceso más oportuno al desarrollo de sus capacidades y en una defensa más consciente de la sostenibilidad ambiental.
Los Pactos por la Igualdad
Alicia Bárcena remarca que “El cambio estructural solamente se puede lograr con ‘Pactos por la igualdad’. Se requiere una nueva ecuación mercado-Estado-sociedad, donde cada país defina sus propios mecanismos. Urge la renovación de los pactos fiscales, la confianza recíproca entre el Estado y los ciudadanos”, y proyecta: “la desigualdad conspira contra el desarrollo, contra la seguridad, contra la inversión, contra todo. La región se encuentra repensando sus modelos de desarrollo priorizando el aumento de la productividad, la innovación y la creación de empleos de calidad”.
La Secretaria Ejecutiva de CEPAL llamó a los países de la región a invertir en educación e investigación y desarrollo, además de otorgarle prioridad a la gobernanza de los recursos naturales y avanzar en la integración regional con solidaridad.
Según Bárcena, un Estado políticamente legitimado es aquel capaz de proponer un camino de desarrollo futuro y de coordinar actores en torno a proyectos de largo alcance. La agenda de la igualdad “no es un paradigma voluntarista, no es una nueva buena idea articulada entre cuatro paredes, es la expresión de la voluntad de nuestros pueblos, es el sonido de nuestros tiempos, es expresión de escucha atenta a la demanda que anida en nuestras calles, en nuestros campos, en nuestra patria común”, enfatizó.
Sería deseable que los candidatos a presidente aprovechen las campañas electorales para poner en el debate público las bases para llevar adelante “Pactos para la igualdad” y que una vez en el gobierno, los conviertan en los pactos sociales que validen las políticas públicas que garanticen la inclusión social y la redistribución de riqueza para forjar una América Latina más equitativa. Sobre todo porque además de la brecha de desigualdad, ya comienza a manifestarse la brecha generacional, como bien se señala en el documento el rol protagónico que ya tienen los jóvenes de la región. En varios países de Latinoamérica, mientras los adultos se apoderan de los gobiernos, los jóvenes se empoderan en los espacios públicos, organizando movilizaciones populares que reclaman nuevas reglas de juego que exigen acceso a mayores oportunidades. Los “Pactos para la igualdad”, por los contenidos que pueden producirse, pero sobre todo por el proceso de validación social que implica su elaboración, son atractivos caminos para que se transiten en los futuros mandatos presidenciales de la región.