Andrés Martínez C. Periodista y docente universitario, elaboró en 2012 un reportaje
sobre transporte público para el Observatorio.
La encuesta de percepción ciudadana del Observatorio La Paz Cómo Vamos, correspondiente a 2016, aborda el transporte en la ciudad a través de preguntas que versan básicamente sobre tres aspectos: tránsito vehicular, su regulación y el servicio de transporte público.
La ciudadanía ubica este asunto entre los principales problemas de la ciudad: el ordenamiento del transporte en general (tránsito) está en segundo lugar con 48,9%, después de inseguridad/delincuencia, mientras que el servicio de transporte público está en séptimo lugar con 28,4%. Esta tendencia es similar en encuestas de los últimos cuatro años, especialmente en el caso del ordenamiento del transporte.
Hay correspondencia entre la identificación de este problema y lo que los ciudadanos solicitarían al Alcalde si pudieran hablar con él: el 16,1% le pediría que ordene el transporte, específicamente, el tránsito vehicular. Esta demanda ocupa el tercer lugar después de agua potable (24,1%) y seguridad ciudadana (19%).
Esta identificación del transporte en general como problema a ser resuelto contrasta con la reducida insatisfacción que la población expresa recientemente sobre el transporte público. Aunque la encuesta de 2015 empleó calificativos ligeramente distintos, es posible identificar que la percepción ha cambiado drásticamente: en ese año, el 59% estaba “medianamente insatisfecho” y “muy insatisfecho”, mientras que en 2016, quienes estaban “nada satisfechos” e “insatisfechos” apenas sumaron el 26%. Es decir, la gente está más contenta con el transporte público: 71% entre medianamente y totalmente satisfecha.
Alguien podría alegar que eso se debe a los servicios de teleférico y bus municipal Puma Katari, positivamente identificados como soluciones al problema del transporte público (81% y 64%, respectivamente); sin embargo, la misma encuesta muestra que estos medios solo son empleados por el 12,3% ¿Usted cree que el nuevo sistema de transporte masivo propuesto por el GAMLP es la solución a los problemas de transporte público
que vive la ciudad? (Proporción de respuestas afirmativas) de los ciudadanos, mientras que el transporte convencional aún sirve, de lejos, a la mayoría de la población (81,2%).
Freddy Koch. Es Director en Bolivia del Proyecto Aire Limpio de la ONG Swisscontact
Competencias en Tránsito y Transporte. La experiencia de la República del Ecuador
La movilidad urbana tiene una nueva forma de abordar los problemas de transporte desde una forma más integral, con la finalidad de facilitar nuevas necesidades de desplazamiento de las personas y promover el uso de transportes alternativos. Como se trata en el contexto de Ecuador.
La Constitución de la República del Ecuador de 2008 es la carta magna vigente en el vecino país. Es el fundamento y la fuente de la autoridad jurídica en el que se sustenta la existencia del Ecuador y de su gobierno. La supremacía de esta constitución la convierte en el texto principal dentro de la política ecuatoriana y para la relación entre el gobierno y la ciudadanía.
Políticamente Ecuador está distribuido en provincias, cantones y parroquias, siendo estas últimas las de menor rango (tercer nivel). Cada cantón constituye un municipio y es conformado por un alcalde, máxima autoridad, y un concejo municipal.
El Artículo 234 de la Constitución de la República del Ecuador de 2008 señala que: “(…) el concejo municipal, además de las competencias que le asigne la ley, puede planificar, organizar y regular el tránsito y transporte terrestre en forma directa por concesión, autorización u otras formas de contratación administrativa, de acuerdo con las necesidades de la comunidad”.
Posterior a la Constitución del 2008, la Ley Orgánica de Transporte Terres Freddy Koch tre Tránsito y Seguridad Vial organiza la institucionalidad del Artículo citado. El Artículo 13 de esta Ley señala: “(…)Son órganos del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, los siguientes: a) El Ministerio del Sector; b) La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y sus órganos desconcentrados; y c) Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales, Metropolitanos y Municipales y sus órganos desconcentrados”.
En este entendido, existen un Ministerio cabeza del sector, una Autoridad Nacional de Tránsito (ANT) y Autoridades municipales de tránsito y transporte, por ejemplo, para la ciudad de Cuenca es la EMOV2.
En base a este mandato constitucional y la institucionalidad creada, la gestión de tránsito en el Ecuador, hasta antes de la Constitución a cargo de la policía nacional, fue paulatinamente transferida hacia la ANT y las nuevas autoridades municipales.
La Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil (ATM)3 fue creada en el año 2012 con el objetivo de establecer y ejecutar políticas para implementar un sistema integrado de regulación, control y gestión de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial con una visión de cultura de movilidad urbana sostenible. Bajo la política del Alcalde, Jaime Nebot, que tiene una tendencia muy marcada al modelo de concesión de servicios municipales, gran parte de los servicios de la AMT son precisamente concesionados.
La AMT dentro de sus funciones tiene: el registro y matriculación de todos los vehículos que circulan en el municipio, la administración de los Agentes Civiles de Tránsito y su parque vehicular, todo el sistema de multas y sanciones por infracciones de tránsito, la señalización y diseño vial, la revisión técnica vehicular, la gestión del transporte público y la política de tránsito y transporte municipal.
Dentro de las virtudes observadas en esta Autoridad está la cohesión bajo un mismo mando de todas las políticas de movilidad urbana, lo que permite modernizar todo el sistema, utilizando herramientas informáticas, todas vinculadas bajo una sola base de datos. Para dar un ejemplo, si por alguna razón alguien es multado por invasión del carril exclusivo del transporte público masivo ya sea a través de un agente civil o de una foto-multa, al momento de hacer la matriculación y como requisito para obtener la revisión técnica vehicular debe pagar la multa (alrededor de 400 dólares americanos). De no hacerlo, corre el riesgo de que el vehículo sea capturado y retirado de circulación temporal o definitiva y tenga que pagar más multas por evasión y desacato. Definitivamente es mejor pagar y no arriesgar.
La gestión de la AMT no es 100% autofinanciable, requiere de una pequeña subvención, sin embargo, se puede ver un parque vehicular moderno y bien mantenido, un sistema vial claramente señalizado y un mayor cumplimiento de las normas de circulación por parte de los ciudadanos que en otros contextos.
La ciudad de Cuenca4 es la que prefiere apostar por gestión propia y no por un sistema de concesiones. En todo caso, esta visión política diferente no influye en la gestión de tránsito y transporte de la ciudad, siendo los mandatos y objetivos similares a los de Guayaquil. Adicionalmente a las funciones mencionadas, la AMT, en Cuenca la EMOV está a cargo de la red de monitoreo de la calidad del aire y administra un sistema de bicicletas públicas como parte de su sistema intermodal.
Actualmente la urbe está encarando uno de los proyectos más grandes de movilidad urbana de Ecuador: un sistema de tranvías que trata de articular el eje principal de la ciudad con este sistema de transporte masivo y de alta eficiencia.
Si bien la ciudad está en un caos total por los cortes de tráfico y obras civiles que demanda este proyecto, se ha logrado reorganizar el tráfico temporalmente bajo el comando de los agentes civiles de tránsito, la señalización vial adecuada, los canales de información a los ciudadanos y todo el apoyo logístico de los ingenieros de transporte de la EMOV. Éste es otro ejemplo de la ventaja de tener toda la gestión de tránsito alineada bajo un mismo mando.
Si se hace una comparación entre las legislaciones de Ecuador y Bolivia, se puede sacar las siguientes conclusiones:
– Ambas cartas magnas plantean un Estado descentralizado y autonómico.
– En el caso boliviano los gobiernos sub nacionales tienen la posibilidad de legislar, con el mismo rango que una Ley Nacional, en el caso ecuatoriano, la legislación es una competencia solamente del nivel central del Estado.
– En ambas constituciones se otorga la responsabilidad de la gestión del tránsito y transporte a los gobiernos sub nacionales en sus jurisdicciones.
– Las leyes ecuatorianas post Constitución (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, y Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial) han esclarecido mucho más las competencias en esta materia que en el caso boliviano, lo que ha permitido un ejercicio pleno de la competencia.
– La gestión del tránsito urbano en Bolivia, por la falta de claridad en la Carta Magna, y en posteriores leyes, sigue generando confusión sobre mandatos y titulares, de esta manera, la Policía nacional y los Gobiernos Autónomos Municipales mantienen una tensión fuerte sobre el tema.
– La creación de la Autoridad Nacional de Transito5 cuyo Directorio está conformado por representantes de todos los municipios, ha permitido ejercer rectoría, homogenización de procedimientos, compatibilidad de las bases de datos y redistribución de los ingresos por multas en todo el territorio nacional.