Bolivia no es ajena a una tendencia global de veloz urbanización. De acuerdo a datos de organismos internacionales, más de la mitad de la población mundial y cerca del 80% de la población latinoamericana habita en ciudades.
En Bolivia, el proceso de urbanización es relativamente nuevo (Blanes, José, 2006), para otros, tardío (Solares, Humberto, 2008) pero acelerado. En las últimas cuatro décadas, como lo demuestran los cuatro censos de población y vivienda realizados en dicho período, el país ha pasado de ser predominantemente rural a mayoritariamente urbano (cuadro 1).
De acuerdo a proyecciones del Fondo de Población de la Naciones Unidas (UNFPA) para 2012 la población urbana en el país habría ascendido a 67%, aproximadamente cinco puntos porcentuales más con relación al censo de 2001.
Esta cifra, que lamentablemente no es oficial a casi un año de la realización del censo 2012, no hace otra cosa que ratificar dicha tendencia.
Según información oficial del INE, las nueve capitales de departamento y El Alto albergan a cinco de cada 10 bolivianos (47.5%) y, en el último periodo intercensal, el número de ciudades intermedias se triplicó de 20 en 2001 a más de 60 en 2012 de acuerdo a declaraciones de la ministra de Planificación de Desarrollo, Viviana Caro.
Las áreas metropolitanas de los departamentos de La Paz. Cochabamba y Santa Cruz, concentran en su conjunto al 46.15% de la población de Bolivia. De manera específica, el área metropolitana de La Paz concentra al 64.42% de la población del departamento; el área metropolitana de Cochabamba al 64.58% y el de Santa Cruz al 65,88%.
La acelerada urbanización del país no ha ido acompañada por políticas públicas y la institucionalidad estatal necesaria para enfrentarla y hacer que se constituya en tema prioritario de la agenda pública (Solares, Humberto, 2008. Prado, Fernando, 2008. Wanderley, Fernanda, 2009) aspecto que refleja el grado de importancia que las diversas administraciones gubernamentales le han dado a dicha temática.
Esta nueva realidad histórica y sociodemográfica reclama abordar seriamente la cuestión urbana y, el estado de situación de la calidad de vida en las ciudades que, desde una mirada integral, tiene que ver con las condiciones materiales básicas que éstas ofrecen para garantizar el bienestar de las personas, pero también con los aspectos subjetivos (Alguacil Gómez, Julio, 2000) que determinan sentirse a gusto o no en el lugar que uno habita y se desenvuelve cotidianamente.
Desde esta perspectiva, la aproximación a la problemática urbana debe tener como punto de referencia y centro de su preocupación al ser humano y la realización de sus derechos, aspecto que está estrechamente vinculado con el acceso y la calidad de los bienes y servicios públicos, en lo material-objetivo, como por ejemplo seguridad ciudad, educación, salud, transporte, servicios básicos, entre otros; y con los elementos inmateriales, como las relaciones humanas, la participación social, el ejercicio de derechos, el sentirse parte de la ciudad, el ocio, etc.
Los retos para discurrir por esta senda no son menores. En muchas ciudades, autoridades y ciudadanos aún continúan priorizando el “cemento”, las grandes y pequeñas infraestructuras, olvidando que las ciudades están hechas esencialmente de personas y no de hormigón (Glaeser, Edward: 2011).
Requerimos revertir nuestra propensión recurrente al “obrismo” para pasar a pensar y trabajar en los temas centrales que hacen a las ciudades, como por ejemplo, garantizar el acceso y la calidad de los servicios públicos, labor de no poca envergadura en un contexto en el que el crecimiento poblacional está generando una presión y demanda cada vez mayor sobre los servicios que, en muchos casos, está sobrepasando la capacidad de gestión de los gobiernos locales.
Los gobiernos locales tienen, a su vez, el desafío de fortalecer su institucionalidad y capacidad de gestión para el cumplimiento efectivo de sus competencias, pero también de articular esfuerzos, con los otros niveles de gobierno, para proteger y garantizar la realización de los derechos de sus habitantes.
Esto implica una voluntad sostenida por mejorar y fortalecer los procesos de rendición de cuentas, la transparencia, la promoción de la participación ciudadana, la eficacia de sus acciones y la no discriminación como principio para reducir desigualdades y asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a los bienes y servicios públicos (Cosude, 2007).
Necesitamos repensar e imaginarnos nuevos mecanismos que promuevan la participación, el ejercicio de ciudadanía y el involucramiento de las personas en los temas de la ciudad.
El ciudadano de a pie no está participando efectivamente en las decisiones sobre la ciudad y en la definición del futuro de las mismas. Algunos factores están incidiendo para que esto suceda, entre ellos, el sentimiento de que, en los espacios institucionalizados de participación social, su voz y sus propuestas no están siendo escuchadas debido a que se privilegian intereses corporativos y particularistas.
Pero también hay una mirada autocrítica sobre el involucramiento ciudadano por estar informados sobre la gestión municipal y sobre la calidad y procesos de mejora de los servicios públicos, lo que supone pensar y desarrollar acciones orientadas a generar sentidos de pertenencia y corresponsabilidad ciudadana.
La creación, recuperación y fortalecimiento del espacio público es otra tarea ineludible. Como afirma Humberto Solares, “Hacer ciudad es hacer espacio público”. Ello implica entender al espacio público más allá de su dimensión física y resaltar su componente social y cultural en tanto espacio de encuentro intercultural, de construcción de ciudadanía, de integración, de tolerancia, de construcción del tejido social, de ámbito propicio para el intercambio de ideas, que es el sustento para la innovación y la reinvención permanente de nuestras urbes (Glaeser, Edward: 2011).
En contraposición, la desvalorización del espacio público refuerza aquella propensión a atomizar la ciudad y privilegiar la emergencia de urbanizaciones amuralladas que, a manera de guetos, sólo ocasionan la incomunicación de sus habitantes, lo que refuerza a su vez, la intolerancia y el miedo hacia el diferente, que es el germen del autoritarismo y la violencia.
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La educación ciudadana es una asignatura pendiente. Los datos que arroja la Encuesta de Percepción Ciudadana sobre la Calidad de los Servicios Públicos en 11 municipios de Bolivia, encargada por el Programa de Apoyo a la Democracia Municipal (PADEM) y el Programa de Reducción del Riesgo de Desastres (PRRD) son reveladores y preocupantes.
A tiempo de evaluar el respeto que las personas tienen de los derechos de los demás, la percepción es negativa. En general, el 89% de los entrevistados considera que los derechos de las demás personas no se respetan o se respetan poco.
Asimismo, entre el 90 y 93% de las personas manifiestan que las leyes se respetan poco o nada; que los habitantes de su ciudad respetan poco o nada a las autoridades en general y que protegen y cuidan poco o nada los espacios públicos.
La percepción sobre el respeto de los derechos de las mujeres también es negativa. En general quienes viven en las ciudades (88,8%) piensan que los derechos de las mujeres se respetan a veces o no se respetan nunca.
A ello se suma un dato aún más alarmante, una de cada dos personas afirma que ha escuchado hablar o conoce a alguna persona que ha sido víctima de violencia física por parte de su pareja.
Estas cifras, extraídas de las 11 ciudades estudiadas, muestran una realidad que puede extrapolarse al resto de las ciudades del país y que llama la atención sobre la urgente necesidad de trabajar en programas de educación ciudadana e incorporar seriamente en el sistema educativo la formación en valores ciudadanos y democráticos para que quienes habitan las urbes conozcan y exijan sus derechos, pero también sepan y cumplan sus deberes y obligaciones.
A manera de colofón, cabe resaltar que la predominancia de lo urbano en Bolivia plantea un conjunto de desafíos para hacer de las ciudades lugares más habitables, justos y democráticos.
Resaltamos sólo algunos que consideramos pueden coadyuvar a este propósito: fortalecer la institucionalidad y capacidades de gestión local, así como generar nuevos espacios de participación ciudadana que coadyuven a que autoridades, técnicos y ciudadanos articulen esfuerzos para garantizar a todos el acceso y la calidad de los servicios públicos; crear, recuperar y fortalecer los espacios públicos como ámbitos de encuentro y construcción de ciudadanía y desarrollar estrategias y acciones de formación ciudadana.