Por: Fátima López Burgos
La violencia contra la mujer en Bolivia, se asemeja a una matrioska rusa, esas coloridas muñecas de madera que ha medida que se las abre son una verdadera caja de sorpresas. Van de grande a pequeña y simbolizan la cadena genealógica de las mujeres: abuela, madre e hija, generaciones sometidas al machismo, que irónicamente caben en un solo embalaje herméticamente cerrado, de donde resulta difícil salir.
La violencia es casi una pandemia que propaga y reproduce la sociedad y se transmite por generaciones. Los especialistas confirman que el mal es curable si se denuncia a tiempo y más si es detectado tempranamente, igual que el cáncer.
Es un problema de salud pública debido a que causa dolor físico pero también moral. Las heridas del alma se cierran pero no cicatrizan jamás, confirman las víctimas.
El hombre toma a la mujer como un “objeto de su propiedad” y la sociedad consolida este hecho de pertenencia bajo el argumento “Es su mujer” , por tanto puede hacer con ella lo que quiera.
Hanalí, la justicia no llega
El 9 de marzo de 2013 entró en vigencia la Ley Integral 348, casi a un mes que Hanalí Huaycho fuera asesinada con 15 puñaladas por su esposo, el ex policía Jorge Clavijo. A pesar del tiempo transcurrido (un año y tres meses) el caso se mantiene en reserva y sin resolverse.
La violencia no terminó con la muerte de Hanalí, se ha extendido a dos generaciones más: la madre y el hijo.
Martha Hannover es la extensión de Hanalí, por ello, en su nombre llora y peregrina por los juzgados en busca de justicia.
Las puñaladas que hirieron de muerte a Hanalí, son las mismas que hoy hieren a su madre. Los vacíos, irregularidades y deficiencias en la investigación revictimizan a la familia y condenan al hijo a no llevar una vida normal.
A pesar de los esfuerzos de la familia y el abogado Eduardo León, que atiende la causa, las pruebas no convencen y las dudas sobre el caso persisten.
Hanalí, en vida, presentó un total de 11 denuncias, las autoridades, argumentaron que se trataban de delitos de orden privado y negaron competencia para intervenir en el caso.
Hubo negación de acceso a la justicia, por ello, el Estado debiera resarcir al hijo por los daños ocasionados fijando al menos una pensión, hasta que el menor cumpla la mayoría de edad. Lamentablemente nada de esto ha sucedido.
“Tengo miedo…no puedo salir”; “No tengo garantías para mi, ni el niño”, confiesa preocupada Martha Hannover, mientras recuerda que una unidad de policía mantenía vigilancia en su casa, pero luego la levantaron.
“Quiero que esto se acabe”, es el pedido clamoroso de una madre que no sólo ha perdido a su única hija, ha heredado la violencia que se ensaña en castigar a un niño inocente y sin culpa.
Sobrevivientes de la violencia
Romper el círculo de violencia y salir de él, es una decisión personal y de sobrevivencia, afirman las víctimas. Las opciones son limitadas y se las puede contar con los dedos de una mano.
A pesar que la Ley Integral 348 reconoce 16 tipos de violencia definidas y clasificadas, la vida real no es lineal, tiene altibajos como las estadísticas y no admite encasillamientos.
Según testimonios recogidos hay mujeres que optan por cortar de cuajo la vida de sus “verdugos”, otras prefieren tolerar la violencia como una forma de vida para ellas y sus hijos, la migración se ha convertido en una forma elegante de huir del agresor, utilizada mayormente por mujeres de clase media. Otras en cambio llevadas por la depresión buscan la destrucción de sus vidas apagándose de a poco como las luces de los pueblos cuando llega la noche.
La cifra de feminicidios en Bolivia, durante el 2013, superaron la centena, según datos del observatorio “Manuela” del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM). Durante el primer cuatrimestre 2014, el número de feminicidios alcanzó al 58.49%, mientras los asesinatos por inseguridad ciudadana llegan al 41.51%. Un indicador que demuestra que las mujeres están más seguras en la calle que en su propio hogar.
Lo que impresiona no son los números fríos, sino la forma en que recrudece la violencia contra la mujer, a partir de la vigencia de la Ley Integral 348. Llama la atención el alto grado de tolerancia a la violencia por parte de la sociedad civil, jueces, fiscales, Ministerio Publico y policía.
El problema se agudiza cuando comprobamos por declaraciones del coronel Franklin Llanos, Director de la FELCV, La Paz que el 60 por ciento de mujeres agredidas, no denuncian. Hecho que permite asegurar que el problema de la violencia en Bolivia tiene caras ocultas y aristas aún no visibilizadas.
“Las leyes no resuelven los problemas”, asegura Marcela Martinez, madre de Zarlet Clavijo, desaparecida en junio de 2012. Esta madre durante dos años ha recorrido juzgados, policía y ministerio de Gobierno, en busca de justicia, sin ningún resultado. Es víctima indirecta de la violencia y ella lo sabe.
Martinez como abogada, asegura que no es lo mismo atender delitos comunes que casos delicados como la violencia contra las mujeres. Duda que los jueces, fiscales y la misma policía, tengan la competencia y preparación para atender este tipo de “casos especiales” .
El caso Zarlet ha seguido la misma ruta crítica que el caso Hanalí; el expediente figura también bajo el rótulo de Reserva.
El lado oscuro de la Ley
La ley Integral 348 desde marzo de 2013 cual fantasma recorre los escritorios de la FELCV y el Ministerio Público, la falta de reglamentación, presupuesto, infraestructura y personal capacitado, la hirió de muerte tras su nacimiento.
Según Ana Clavijo, Directora de Género del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, la ley sin reglamento no tiene ninguna oportunidad de ser implementada. Entonces ¿Sobre qué jurisprudencia los operadores de justicia emitieron sentencias sobre feminicidios?.
Los protocolos, según especialistas en derecho, no pueden sustituir un reglamento a efectos legales, por tanto la cosa juzgada sería nula de pleno derecho por este vacío jurídico.
Otro hecho preocupante es que las victimas desconocen el contenido de la Ley, la norma contiene hechos no regulados que contradicen el Código Penal y la hacen inaplicable.
En la práctica no existe una ruta crítica de la violencia. La Ley 348 es compleja para traducir los aspectos que debieran contemplarse durante la atención, protección, reparación, persecusión y sanción, fundamentales para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres en situación de violencia.
La flamante Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV) fue fundada sobre las cenizas de la desaparecida Brigada de Protección de la Familia. Según los funcionarios se incrementaron las tareas y responsabilidades, pero no se mejoró la infraestructura y tampoco las condiciones de trabajo del personal.
La FELCV huele a comida. Los espacios donde se decepcionan las denuncias son estrechos y no existe ninguna privacidad para las mujeres en situación de violencia.
Percepciones ciudadanas
Pero mejor dejemos que la ciudadanía diga su palabra:
Lidia , ama de casa, paceña de 30 años, señala que sobre la nueva ley no sabe mucho, a pesar de ello, percibe que los casos de violencia que involucran a autoridades de Gobierno, quedan en simples denuncias y “ no llegan a nada” .
La abogada Marcela Martinez, confirma que los casos “que le son incómodos al Gobierno, son declarados en Reserva, como sucedió con el caso Zarlet Clavijo y la periodista Hanalí Huaycho”
Para la periodista Wilma Pérez «la Ley 348 es un saludo a la bandera” , debido a que las victimas no conocen de su existencia y a pesar de que prohibe transar con el agresor, es lo primero que promueven las mujeres que recepcionan las denuncias, bajo el argumento: “Bien que bien tu marido te da para la comida”; “Si lo encarcelan, que va a ser de vos y tus hijos”.
Magda Rojas , profesional independiente, no cree en la justicia, considera que todas las leyes en favor de las mujeres fueron aprobadas al calor político, arguye que por esta razón, son inaplicables.
Según Vania Sandoval, la Ley 348 ha complejizado la aplicación de la normativa en favor de las mujeres y eso implica un retroceso.
Para la periodista Patricia Flores, lo preocupante es la crueldad con que hoy en día se agrede a las mujeres. Percibe que la violencia se ha visibilizado aún más con la Ley.
La activista Gloria Tapia indica que hay un desencanto de las víctimas de violencia, debido a que con la aplicación de la Ley se alarga el proceso y eso las obliga a contratar un abogado para seguir la causa. “La FELCV no tiene presupuesto y tampoco personal capacitado”, remarca.
Para la alteña, Elsa Sajama, hay mucha confusión sobre la aplicación de la Ley. “No hay casas de acogida y que el presupuesto que se asigna a Gestión Social en El Alto es muy reducido”, sentencia.
La realidad de las mujeres en situación de violencia es desgarradora, la cercanía con ellas permitió aproximarse a su realidad, compartir sus frustraciones, el abandono de la sociedad y la indolencia de quienes imparten justicia.
Por ello hay tareas urgentes a cumplir a nivel político y social para lograr una real aplicación de la Ley. Sin embargo, cada ser humano, independientemente del poder, tiene la posibilidad de generar un cambio para impulsar una cultura ciudadana de respeto a los derechos de las mujeres y de condena a los agresores.
Urge crear una estructura y política pública social que sensibilice a la sociedad sobre la temática en forma integral y desde todos los ámbitos. Que se inicie a temprana edad y se prolongue a lo largo de la vida.