Lanzan nuevo Índice de Progreso Social que mide calidad de vida y viabilidad de recursos naturales donde Costa Rica, Chile y Argentina, ocupan los tres primeros lugares en Latinoamérica, según el INCAE Business School, socio regional para América Latina de The Social Progress Imperative, responsable de llevar adelante la iniciativa.
El Índice de Progreso Social, que fue dado a conocer el 11 de abril pasado, en el Décimo Skoll World Forum sobre Emprendimiento Social, celebrado en la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, mide aspectos relevantes que hacen a la calidad de vida, tales como: el acceso a la alimentación y cuidados médicos básicos, al aire, agua y sanidad, protección y seguridad, que se inscriben en el marco de los derechos humanos básicos; asimismo, la infraestructura social para el acceso a la salud, a ecosistemas sustentables, acceso a la información, al conocimiento; y las oportunidades para el ejercicio de estos derechos, la libertad individual y para decidir, y los mecanismos de equidad e inclusión, entre otros.
De América Latina y el Caribe figuran, después de los tres países mencionados, Brasil (52,7), Colombia (50,52), República Dominicana (50,52), Perú (50), México (49,73) y Paraguay (49,24). A nivel mundial, ocupan los primeros lugares: Suecia con 64,81; Reino Unido con 63,41; y Suiza con 63,28.
Los resultados de este índice incluyen datos sobre 50 países –entre los que Bolivia no figura– que representan a las tres cuartas partes de la población mundial. Se espera que en los siguientes años se conozcan datos referidos a este Índice, de al menos 120 naciones.
Este Índice de Progreso Social, que está compuesto por una amplia gama de temas, consta de 52 indicadores, a través de 14 componentes. Expertos señalan que esta herramienta viene a llenar el vacío existente, que tiene que ver con las medidas globales de evaluación comparativa que miden únicamente los resultados sociales y ambientales.
La utilidad de este Índice de Progreso Social es proporcionar suficiente nivel de detalle para guiar la asignación de prioridades en las políticas públicas del ámbito social. La propuesta se inspiró en el Índice de Competitividad Global (GCI) y su objetivo es estimular la competencia entre los países, para mejorar el entorno para la innovación social, según la publicación del INCAE.