La seguridad ciudadana requiere de una política pública estructural y sistémica que involucre un régimen que genere cultura ciudadana
Instituto de Investigaciones Jurídicas y Económicas CNC
Es evidente que la delincuencia, particularmente aquella asociada a robos, hurtos y delitos contra la integridad corporal y la salud de las personas, ocupa un lugar importante en la lista de preocupaciones de los ciudadanos. Según la Policía Nacional, estos tres delitos son los denunciados con mayor habitualidad en la ciudad de La Paz.
La encuesta Victimización, prácticas y percepción sobre violencia y delito, realizada por encargo del Viceministerio de Seguridad Ciudadana en las ciudades del eje central, revela que las ciudades con mayor índice delictivo son Cochabamba, donde el 55,4% de los encuestados fue víctima de alguna forma de delito y El Alto (48,5%), seguidas por Santa Cruz (38,7%) y La Paz (37,8%).
La Paz sería entonces la ciudad más segura (o menos insegura) del eje troncal del país. Paradójicamente, la encuesta Percepción Ciudadana sobre la Calidad de Vida en la Ciudad de La Paz realizada en 2013 por el Observatorio La Paz Cómo Vamos, estableció que el 83,5% de los paceños consideran que la inseguridad es la principal problemática urbana. También se dejó sentado que el 65,90% considera que es un lugar poco seguro para vivir, y el 10,70% percibe que es nada seguro, lo que hace un total de 76,6% de la población que no se siente segura en su ciudad.
Medios
Existen fuertes indicios de que, si bien es cierto y evidente que la inseguridad en la ciudad de La Paz es un problema latente y que muchos delitos no llegan a denunciarse, los medios de comunicación pueden tener algo que ver con la percepción ciudadana sobre la inseguridad, particularmente los medios televisivos, porque las imágenes suelen impresionar al público con mayor facilidad y se cree que las noticias que generan mayor público son aquellas que muestran violencia, delincuencia y acontecimientos semejantes. Incluso se dice que algunos medios irresponsables se pelean por contar con la “primicia del terror”, generando miedo o inquietud.
Los crímenes más violentos suelen ser los más difundidos. Según lo establecido en la encuesta realizada por el diario Opinión en las ciudades bolivianas, la gente se informa más por la televisión, desiendo el medio preferido para informarse en las ciudades del país según el 74% de los pobladores urbanos mayores de 18 años.
La comunicación se encuentra en su máxima expresión de agilidad y masividad, y puede, si no se maneja con profesionalidad, inflar la percepción que se tiene acerca del tema. Por otro lado, sin los medios muchos delitos y sus
víctimas pasarían inadvertidos, siendo que hoy los medios realizan un seguimiento pobre de los hechos y allí está la más grande falencia, la población solo conoce la primera parte de la tragedia y no tiene claro si los policías investigadores, fiscales y jueces actuaron según lo mandan sus responsabilidades o no.
La seguridad ciudadana requiere de una política pública estructural y sistémica que involucre un régimen que comience sobre la base de generar cultura ciudadana en todos los niveles de gobierno.
Acciones
Como ejemplos para mejorar el sistema, se debería asignar un mayor presupuesto e involucrar los procedimientos y formas de actuar de jueces, fiscales y, sobre todo, una policía desconcentrada, eficiente, e incluso dependiente de los gobiernos municipales o departamentales.
También debería existir un régimen penitenciario acorde a este siglo, siendo que los recintos penitenciarios deben estar alejados de las urbes y los privados de libertad deberían tener horarios de trabajo, la cárcel de San Pedro es el ejemplo de todo lo que no debería ser.
Entre otros criterios de seguridad, algunos países establecen que para trasladarse de vivienda se debe contratar a un rubro del trasporte refrendado y autorizado por el municipio y la policía, que emitan un certificado de permiso de carga y descargas. Ello evitaría que los ladrones utilicen movilidades para el robo, puesto que la policía y la guardia municipal podrían detener un automóvil sospechoso si este está transportando bienes muebles y verificar si cuenta con el permiso respectivo. Para ser más eficaces, también se podrían implantar comisarias barriales y camiones especiales de vigilancia móviles que coadyuven al trabajo de agentes policiales. Estas ideas surgen en función de que varios barrios de La Paz sienten un profundo abandono, barrios que según los vecinos por las noches son tierra de nadie.
Estos criterios en sí mismos no evitarán un acto criminal si no van acompañados, por una visión conjunta de todos los entes que tienen igual responsabilidad.
Normas y planes
¿Pero qué se hace desde el Estado para combatir la inseguridad? ¿Por donde empezar? Es evidente que el Estado, en todos sus niveles, necesita de una estructura que le permita combatir este mal mayoritariamente, mas no exclusivamente, urbano.
El 31 de julio de 2012 se promulgó la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana “Para una Vida Segura”, que estructura el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y que actualmente es la base del funcionamiento de la estructura institucional y social a nivel nacional, departamental y municipal para elaborar, articular y coordinar de manera eficaz y eficiente las políticas, planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana, teniendo como órgano rector al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, presidido por el Ministerio de Gobierno.
Muchas veces las normas jurídicas son utilizadas con una finalidad paralela a la estrictamente jurídica o institucional. Nos referimos a que cumplirían la misión de generar convencimiento en la sociedad de que se están tomando acciones concretas para controlar el problema, ante la ineficiencia del sistema y de los mecanismos ya conocidos.
Competencias
La Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana, responde a la misma lógica que muchas otras normas promulgadas en los últimos años: modifica el Código Penal, incrementa los delitos y endurece las penas, razonamiento que responde a una política de disuasión de los potenciales delincuentes para que estos no cometan delitos. Sin desacreditar ni defender las modificaciones realizadas, es importante considerar la existencia de corrientes que consideran que una pena más alta no evitará que una persona cometa un delito, ya que sería poco probable que quienes delinquen lo hagan pensando en que serán atrapados, siendo que tampoco parecería probable que esas mismas personas se pongan a meditar sobre las modificaciones del Código Penal antes de cometer un hecho delictivo.
Podríamos establecer que todos tienen obligaciones concernientes a la seguridad ciudadana, pero siendo puntuales, existen responsabilidades asignadas a los Municipios, todas en concurrencia con el nivel nacional del Estado y en sujeción a la Política Pública Nacional de Seguridad Ciudadana y al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Los municipios deben formular y ejecutar planes, programas y proyectos municipales en la materia. Son responsables exclusivos, dentro del ámbito de su jurisdicción de las sanciones a los establecimientos nocturnos cuando se compruebe el uso ilegal de estupefacientes; infraestructura, equipamiento y pago de los servicios básicos de las Estaciones y Módulos Policiales; capacitación a la comunidad para la prevención del delito; implementación de centros y programas de rehabilitación y reinserción social; y la creación y funcionamiento de los centros de capacitación laboral
productiva al interior de los recintos penitenciarios. Pero ni la policía, ni las penitenciarías se encuentran a su cargo exclusivo, entre muchas otras incoherencias.
Entre las obligaciones compartidas con el Estado a nivel central y las demás entidades territoriales autónomas tenemos: coadyuvar y fomentar la Policía Comunitaria; infraestructura policial y carcelaria; adquirir para la Policía equipamiento, sistemas de monitoreo y vigilancia electrónica y centros de mantenimiento para las unidades motorizadas.
Se faculta al municipio a crear observatorios de seguridad ciudadana sujetos a la coordinación del Observatorio Nacional dependiente del Ministerio de Gobierno y a suscribir “convenios intergubernativos”, entre sí o con el Ministerio de Gobierno, para financiar y ejecutar el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, políticas públicas, planes, programas, proyectos y estrategias.
En general, las competencias de los municipios se encuentran restringidas a la coordinación y dirección del Ministerio de Gobierno, con excepción de unas pocas facultades exclusivas que si bien son necesarias, en los hechos no tendrían mayor trascendencia para combatir efectivamente la inseguridad y la delincuencia, lo que deja al señalado ministerio a la cabeza de la seguridad ciudadana en las ciudades y a los municipios sujetos a sus decisiones.
