Ph.D. Daniel H. Vedia Jerez
Cuando hablamos de conflictividad, nos referimos a una dimensión mucho más amplia que simplemente la “suma de los conflictos”.
La conflictividad como una constante en las relaciones sociales implica la existencia de condiciones económico estructurales y psicológico-culturales que hacen que las personas y grupos se comporten de cierta manera particular frente a sus necesidades, intereses y problemas ante otros actores que en general son las autoridades institucionales.
Según un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Argentina, Bolivia y Perú son los países con más protestas sociales de América Latina, en tanto Costa Rica, Chile y El Salvador figuran entre los últimos.
Una de las conclusiones es que los países con mayor número de protestas son los que presentan mayores desigualdades socioeconómicas y cuyos gobiernos tienen una capacidad limitada para manejar los disturbios.
La conflictividad en Bolivia, en general, y en La Paz, en particular, puede ser entendida como un producto histórico-estructural generado por la combinación y convergencia de diferentes factores.
Los niveles de pobreza, desigualdad, concentración de riqueza y falta de oportunidades establecen un estilo de conflictos particular que se expresa en una sucesión de demandas por acceder a bienes, servicios y recursos, y también a reconocimiento y respeto identitario. A su vez, estos factores dependen del patrón de acumulación y del modelo económico.
En los últimos años, es evidente que la pobreza y la desigualdad se han reducido en Bolivia. La incidencia de pobreza ha disminuido de 60,6% a 45% durante el periodo 2005 – 2011, lo que indica que estos factores no son determinantes en la causa de los conflictos.
Se puede considerar que el mayor determinante de los conflictos es la concentración de recursos en el Estado. Como es de conocimiento general, la principal fuente de financiamiento público son las rentas de recursos naturales, no los impuestos, de manera que las movilizaciones que demandan un aumento del gasto fiscal, directamente o a través de obras y subsidios, son realizadas con pleno conocimiento de que ese aumento no tendrá una repercusión tributaria.
Desde el análisis de la conflictividad para el caso boliviano, se advierte una paradoja en esta relación: el Estado como un actor protagónico del conflicto, y destinatario de la mayor parte de demandas sociales, nunca contó con una fuerte institucionalidad para procesar los conflictos de una manera estructural.
La mayoría de las soluciones se han expresado en salidas circunstanciales y coyunturales del conflicto que no han resuelto las causas estructurales de las demandas. De esta manera, ante la ausencia de canales de participación y solución, estos actores han construido hábitos de radicalidad y violencia para defender sus intereses.
La evolución de los conflictos.
Una investigación de hace tres años (Fundación UNIR, 2010) ha revelado que la participación de los bolivianos en protestas o manifestaciones públicas es relativamente alta respecto a otros países de la región.
En el periodo 2008-2009, tres de cada diez bolivianos afirmaba haber participado en protestas, cuya forma más frecuente es el bloqueo de calles y carreteras.
Durante los últimos tres años, Bolivia ha atravesado por 2.440 conflictos. En 2010 la cantidad de conflictos superó un récord de 25 años. De acuerdo a los registros de los centros de estudio CERES y Ciudadanía, ese año se produjeron 811 sucesos conflictivos, en tanto que en 2011 se registraron 884 conflictos.
En 2012 se registraron 745 conflictos, dando un promedio de 62 conflictos mensuales. Esta cifra es inferior en relación a 2011, cuando el promedio superó los 73 conflictos al mes. Si bien es alentadora la reducción luego del récord de 2011, el nivel es aún muy elevado.
A agosto de 2013, los conflictos en el país han llegado a 440, con un promedio de 55 conflictos por mes a nivel nacional, por lo que la tendencia sigue a la baja. Sin embargo, otros datos advierten que los conflictos parecen tener un carácter cíclico, y que luego de alcanzar un máximo nivel, pierden fuerza para reactivarse a futuro.
Es difícil creer que la conflictividad en el país vaya a cambiar debido a que las principales causas que la provocan se mantienen: la elevada concentración de rentas en los organismos estatales, la debilidad institucional y la consolidación en la población de demandas y altas expectativas que no son fáciles de cumplir.
Pérdidas económicas
Se estima que la pérdida anual por conflictos en Bolivia varió entre 1,6 y 3 puntos porcentuales de crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) entre el periodo de 1970-2004 dependiendo de la intensidad de los conflictos (Fundación Milenio, 2012).
Al respecto, el CERES señala que el país depuso un crecimiento anual de 2% a causa de los conflictos sociales, aun cuando las pérdidas del crecimiento del PIB son variables.
Un estudio realizado por José Luis Evia, entre otros (2008), tomando como referencia el periodo comprendido entre 1970 y 2004, encontró que en promedio los conflictos sociales habían sacrificado un punto de crecimiento del PIB por año.
Las movilizaciones generan incertidumbre, inestabilidad y desalientan las inversiones, en tanto transfiere elevados costes indirectos a los consumidores. Producto de los continuos conflictos, la economía tiene menores tasas de crecimiento, y los niveles de pobreza se reducen mínimamente.
Las pérdidas provienen de la interrupción del trabajo y la producción, del aumento en los costos de transacción y daño del comercio. Por otra parte, la conflictividad no sólo limita la gobernabilidad del país, también disminuye las posibilidades de desarrollo.
Según Carlos Schlink, los bloqueos o paros de transporte provocan que la población deje de realizar movimientos económicos y por lo tanto frenan el crecimiento y evitan la creación de empleos.
En La Paz
Datos de la Fundación UNIR, a 2011, indican que un 30% de las situaciones de conflicto a nivel nacional suceden en el departamento de La Paz, donde está la sede de Gobierno.
Se estima que la ciudad de La Paz cuenta con alrededor de 30.000 personas que trabajan en la Administración Pública y unidades descentralizadas que se ven afectadas por paros, bloqueos o huelgas.
Aplicando los parámetros encontrados en los estudios sobre la relación entre conflictos y crecimiento económico en La Paz, de la Fundación Milenio y de CERES, se ha divido en tres categorías la magnitud de cada conflicto, cada categoría corresponde también a un porcentaje de pérdida del PIB por día de conflicto.
Para la estimación de la pérdida económica atribuible al número de conflictos se siguieron cuatro pasos: I) se clasificaron los conflictos en tres diferentes categorías con la perdida asociada al Producto Interno Bruto (PIB); II) para calcular las pérdidas económicas se partió del PIB departamental según actividad económica de las Cuentas
Nacionales publicadas por el INE que se dividió por el número de días laborales; III) para el caso de la ciudad de La Paz, se consideraron los sectores económicos que tienen una mayor actividad: industrias manufactureras, comercio, transporte y comunicaciones, y servicios a las empresas; IV) posteriormente estos datos se multiplicaron por los valores de cada categoría de conflicto.
De esa manera, los resultados estimados obtenidos para La Paz son los siguientes.
Las cifras del cuadro 2 reflejan que el costo económico de la conflictividad es muy alto en la ciudad de La Paz, pues representa una pérdida imposible de recuperar en el corto plazo.
Lo más perjudicial son los costos sociales, representados por el bienestar de la población en general, más allá de lo económico.
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En general, estas pérdidas que provienen de la interrupción del trabajo y de la actividad productiva generan incrementos en los costes de transacción, comercio, y desaliento del empresario a futuras inversiones. A agosto de 2013, se ha mantenido un nivel superior de actividad conflictiva en el país, con un promedio de 20 conflictos por mes en la ciudad de La Paz, de acuerdo a los registros del CERES con el apoyo de Ciudadanía y el respaldo de Cosude. La tendencia de los últimos conflictos aumentó de manera proporcional en el área urbana, en tanto que en el área rural ha disminuido |
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