La situación de violencia hacia las mujeres es considerada como un problema de salud pública. Los datos revelados desde el 2010, por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades (VIO), muestran que en Bolivia siete de cada 10 mujeres la sufre y que de cada 10 casos denunciados al Servicio Legal Integral Municipal (SLIM), nueve son de mujeres y niñas y sólo un caso es de varones. El feminicidio es la expresión más cruda de esta realidad, pues cada tres días muere una mujer, según datos del CIDEM, en 2012.
La violencia hacia las mujeres es violencia de género, por tanto usar los lentes de género para comprenderla y nfrentarla, más allá del síntoma (hecho u omisión violento), es obligación de todos y todas quienes se involucran en la temática. La causa, radica en la existencia de un sistema patriarcal que reproduce relaciones de poder basadas en el control y sumisión del otro, privilegiando a hombres en desmedro de las mujeres, por el simple hecho de nacer mujeres. Se alimenta de valores y prácticas que se concretizan en roles y estereotipos que son asignados a hombres y mujeres según su sexo y que son transmitidos a través de instituciones como la familia, escuela, iglesia, medios de comunicación y el sistema político.
Mientras se siga repitiendo consignas como “las mujeres son sensibles y débiles y los hombres son fuertes y racionales”; más allá de las diferencias biológicas de cada sexo; contribuimos socialmente con la reproducción de principios y acciones de desigualdad y violencia hacia las mujeres. Por tanto, invertir esfuerzos desde las instituciones estatales llamadasa cumplir con este rol y desde el involucramiento corresponsable y sensible de la ciudadanía, son tareas urgentes que no deben ni pueden ser ignoradas.
Muchas instituciones se esfuerzan de forma elogiable en prestar buenos servicios; sin embargo, prestar un servicio cualificado a la víctima implica comprender por qué las principales víctimas son mujeres, cuáles son las razones que refuerzan o perpetúan el problema y los caminos para su resolución.Atención si esta consideración tiende a la revictimización de la víctima.
Llama la atención y preocupan los resultados que se generan como consecuencia de masivas campañas comunicacionales orientadas a prevenir y eliminar la violencia hacia las mujeres, que ponen en el centro de la sensibilidad y opinión pública a la violencia como producto del excesivo consumo de bebidas alcohólicas y no así del abusivo ejercicio del poder machista.
Aprendizajes y estrategias
El Programa de Apoyo a la Democracia Municipal (PADEM), desde su aporte en el desarrollo de capacidades institucionales de los gobiernos municipales, así como en el ejercicio de ciudadanía corresponsable, apoya desde
el 2009 la implementación de un programa que da prioridad a la acción afirmativa del ejercicio del derecho de las mujeres a gozar de una vida libre y sin violencia desde el ámbito local.
Desde entonces, se ha transitado por diversas experiencias y aprendizajes respecto al fortalecimiento de los SLIM y el involucramiento corresponsable de la ciudadanía en más de 100 municipios, procesos que permitieron alimentar enfoques y estrategias institucionales para dar respuestas ágiles y efectivas a la problemática de violencia contra las mujeres a nivel municipal.
En este marco, el 2011, el PADEM, realizó un estudio sobre el aporte de las redes de lucha contra la violencia a nivel local, logrando sistematizar las principales lecciones aprendidas de 30 de ellas. Los hallazgos permitieron ratificar que en las redes existen capacidades y experiencias inéditas que dan luces y dotan de nuevos procedimientos para enfrentar múltiples obstáculos y realizar acciones de lucha contra la violencia más estratégicas y sostenibles (prevención), enfrentar la burocratización del sector público o la inadecuada prestación de servicios, evitarle sufrimiento a la víctima (revictimización) y garantizar la restitución de sus derechos (acceso a justicia).
La sistematización referida, permitió construir un enfoque o modelo local que fue validado en diferentes municipios del país. El modelo, reconoce la variedad de identidades y procesos de maduración en la vida de las redes; que, responden naturalmente a las necesidades de cada contexto, a las características del municipio (urbano/rural; oriente/occidente) y a las condiciones reales existentes (voluntad política, asignación de recursos, compromiso, presencia institucional del Estado y ONG).
Las redes, son espacios que articulan personas e instituciones quienes, deciden por voluntad propia, sumar esfuerzos, mandatos, compromisos y recursos desde una visión compartida para lograr mejores efectos e impactos en la prevención, atención, protección y acceso a justicia de mujeres víctimas de violencia.
Parte de su éxito, es romper aquellas dinámicas institucionales parceladas por competencias, jurisdicciones e intereses institucionales, logrando desde una agenda compartida, potenciar todas las capacidades existentes y ponerlas en práctica de forma comprometida, articulada, integral y corresponsable. Se requiere del involucramiento efectivo del sector público como garante del derecho de las mujeres a gozar de una vida libre y sin violencia y fundamentalmente de la ciudadanía desde la exigibilidad y la corresponsabilidad.
Los actores llamados a formar parte de esta dinámica de intervención integral e interdisciplinaria, son los Servicios Legales Integrales Municipales, Defensorías de la Niñez y Adolescencia, autoridades y concejales/as, casas de acogida, Fuerza de Lucha contra la Violencia, centros de salud u hospitales, unidades educativas, juntas escolares, juzgados, organizaciones no gubernamentales, sector privado, medios de comunicación, organizaciones sociales, vecinos, vecinas, representantes del control social, autoridades originarias, entre otras.
Estas instancias, surgieron inicialmente como una respuesta de la ciudadanía frente al alarmante problema de violencia y la frágil presencia del Estado para resolver este tema. Algunos de los logros más importantes desde las redes inicialmente constituidas fueron los resultados generados en términos de política pública a través de acciones masivas de movilización ciudadana e incidencia.
Actualmente las redes han logrando articular a los SLIM, ayudando incluso a su posicionamiento al interior de los gobiernos autónomos municipales. Esto demuestra que, la articulación entre ciudadanía, sector público y sector privado para compartir y ejecutar una agenda de lucha contra la violencia, es una estrategia posible, necesaria y sostenible.