Helen Álvarez Virreira
Ser niña y adolescente mujer en la ciudad de La Paz es un peligro, ya que cada semana al menos tres sufren un ataque sexual. El 90% del riesgo de violación está entre las cuatro paredes del hogar, donde acechan padres, padrastros, hermanos, tíos, abuelos, es decir que cualquier pariente del sexo masculino, y también los amigos de la familia, puede ser un potencial agresor sexual.
Esta última afirmación puede ser chocante y con seguridad injusta con muchísimos varones, pero deriva de los registros de cuatro instituciones que atienden los casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes: Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Defensoría del Pueblo, Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV) y Hospital del Niño “Ovidio Aliaga Uría”. Los casos en los que una mujer protagoniza la agresión son muy raros, según indicaron.
Los desconocidos, tanto en el área urbana como rural, representan alrededor del 10% del riesgo de violación para las niñas y adolescentes, y en estos casos el ataque rara vez ocurre dentro de la casa; la mayoría se produce cuando se encuentran en la calle, ya sea de ida o retorno del colegio, cuando hacen alguna compra o si están inmersas en trabajo infantil.
La edad de mayor peligro está entre los 6 y los 16 años, aunque en el ámbito educativo las adolescentes están expuestas hasta el último curso. Sin embargo, la trabajadora social de la sala Pediatría General del Hospital del Niño, Fresia Saravia, ha observado en los últimos dos años algo que no había visto en sus 15 años de trabajo en ese nosocomio: la violación a niñas muy pequeñas que terminaron con lesiones gravísimas. El 2013 hubo dos casos, el de una niña de un año y dos meses, y el de una bebé de siete meses, y el 2014 un caso, el de una niña de tres años.
El director de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), Marcelo Claros, informó que en el primer cuatrimestre del 2014 se registraron 2.300 denuncias de violencia contra niñas, niños y adolescentes.
De ese total entre el 4% y 5%, unas 115 denuncias, corresponden a delitos de orden sexual: violación, estupro y abuso deshonesto; pero la violación representa más del 50% de los casos. En más del 90% de estos las víctimas fueron niñas y adolescentes; es decir que cada mes entre enero y abril de este año fue destruida la vida de al menos 13 mujeres menores de 18 años.
La bebé de siete meses que sufrió un ataque sexual en septiembre del 2013 se encuentra en un hogar de acogida; fue separada de sus padres por negligencia, pues la dejaron sola con su amigo de 24 años. Tienen que practicarle una segunda cirugía para reconstruir el daño de la región pélvica y cuando la llevan a las consultas, se ve a una niña con una infinita tristeza en el rostro, según relata la trabajadora social del Hospital del Niño.
Desde el 2012, cuando se emitieron los decretos supremos 1302 y 1320 que dispone que el Ministerio de Educación y la direcciones departamentales de educación tienen la obligación de denunciar y ser parte en los procesos penales por delitos sexuales, la Dirección Departamental de La Paz lleva adelante 38 casos tanto en provincias como en la capital.
El director Basilio Pérez indicó que los principales obstáculos que tienen son los directores distritales y los fiscales que no actúan rápido y dejar escapar a los violadores. Las “conciliaciones” en el área rural también son un problema, porque las familias desisten y así se les “desarman” los juicios. Una ventaja es que pueden coordinar entre direcciones departamentales y distritales, esto les permitió ubicar en planillas a dos agresores sexuales prófugos: uno estaba en Arcopongo y el otro en una comunidad del Beni.
Vulneración al derecho a la atención médica inmediata
Por lo general, debido a la brutalidad del ataque, sumada a la fragilidad de los cuerpos infantiles y a la desproporción con el de los adultos, son necesarias las intervenciones quirúrgicas. Antes debe realizarse el examen forense, pero hasta que llegue el médico pueden transcurrir varias horas, ya que no acuden sin orden de la Fiscalía y en esta instancia deben recibir primero la denuncia de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia.
Esa demora atribuida a la burocracia podría evitarse si se aplicara el protocolo que emitió el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Justicia el 2010, en coordinación con Salud, para la atención de la violencia sexual. Es decir que el personal médico esté capacitado para la recolección de pruebas que permitan castigar al agresor y que un familiar esté presente durante el examen; que cuenten con una autorización escrita y firmada por la madre, padre o tutor, y que realicen un informe adecuado.
Sin embargo, a pesar de que la vida de las niñas podría estar en riesgo y del dolor que sufren —algunas deben ser sedadas para que soporten la espera y luego el examen—, el personal médico no actúa hasta que llegue el forense, porque temen que los acusen por negligencia médica, según indicó Saravia.
En el área rural del departamento de La Paz la situación puede ser más grave incluso, sobre todo si el violador tiene algún cargo en la comunidad o si es cercano a las autoridades locales. Eso ocurrió en La Asunta, en Sud Yungas, donde a una niña de 11 años los dirigentes le privaron de la atención médica que requería. La madre trasladó a la pequeña a la ciudad de La Paz y la llevó al Hospital de la Mujer donde no la aceptaron y la mandaron al Hospital del Niño.
En el nosocomio demoraron en atenderla y tuvo que intervenir la Representación Departamental La Paz de la Defensoría del Pueblo, informó la representante Teófila Guarachi. La directora general de prevención y eliminación de toda forma de violencia en razón de género y generacional del Ministerio de Justicia, Ana Clavijo, considera que el hecho de que la atención médica de la niña haya dependido de los dirigentes “es una deshumanización total”.
Incumplimiento de la normativa
Lo que ocurre en el ámbito de la salud se observa también en el educativo y esto pone en evidencia que no tiene prioridad “el interés superior de la niña, niño y adolescente que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado”.
Esta preeminencia que se incumple ha sido establecida en el artículo 60 de la Constitución Política del Estado y en toda la normativa destinada a proteger a la niñez y la adolescencia: Código del niño, niña y adolescente, Ley 348 contra la violencia hacia las mujeres, Ley 263 contra la trata y tráfico de personas, Ley 054 de protección legal de niñas, niños y adolescentes y Ley 1063 de la educación.
Pasa lo mismo con la aplicación del artículo 10 de la Ley 073 de deslinde jurisdiccional que establece los límites entre la justicia ordinaria y la justicia indígena originario campesina. Esta disposición indica que “los delitos cometidos en contra de la integridad corporal de niños, niñas y adolescentes, los delitos de violación, asesinato u homicidio” deben tratarse en el ámbito penal. Sin embargo, en algunas comunidades hasta están expulsando a las madres con las niñas que han sufrido violación, por haber denunciado el hecho a la justicia ordinaria, según informó una fiscal que prefiere guardar su nombre en reserva.
Las regiones donde hay más resistencia, e incluso retroceso, de parte de las autoridades originarias están en el occidente, en el trópico y en zonas fronterizas, según la directora general de prevención y eliminación de toda forma de violencia en razón de género y generacional, Ana Clavijo. Aclaró, sin embargo, que las conciliaciones propiciadas en el área, que incluyen “resarcimiento” a la familia de la víctima de la violación y aporte a la comunidad, no son recientes; lo que rescata es que ahora al menos en estas zonas ya reconocen que hay violencia contra la niñez y la adolescencia.
Las niñas y adolescentes, las más agredidas y abandonadas
“Es la mujer niña y adolescente la que es más maltratada y violentada en el Municipio de La Paz”, afirmó Claros y para la representante de la Defensoría del Pueblo en La Paz “este tema no solo debería alarmar, sino se le debería poner solución”.
En las 40 tipologías de violencia que maneja la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, que también incluye las tres relacionadas con delitos sexuales, las niñas y adolescentes son las principales víctimas en un 60%. El Hospital del Niño, por ejemplo, entre enero y junio del 2014 atendió 60 casos de maltrato físico, de los cuales 39 eran sobre niñas y adolescentes.
De acuerdo a los datos del nosocomio, la cantidad de niños y niñas que sufren maltrato es similar cuando tienen entre 1 y 4 años, pero cuando tienen entre 0 y 1 año, entre 5 y 10 años y entre 11 y 14 años, el porcentaje de mujeres agredidas sube a entre 70% y 80%, respecto a los varones.
También las niñas y adolescentes son las más abandonadas. El albergue municipal recibe “a la semana unos ocho bebés, de los cuales cinco o seis son mujeres”, indica Claros. En el primer cuatrimestre, el Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) realizó 18 trámites de inexistencia de filiación, de ese total 11 eran niñas de hasta año y medio de edad sin ningún familiar.
El jefe de la Unidad Jurídica del Sedeges, Leónidas Soria, recibió además unas 12 solicitudes el 2013 y tres hasta mayo del 2014 de padres que querían dejar a sus hijas adolescentes en los hogares de acogida de la gobernación de La Paz. Pero nunca se le presentó algún pedido similar en el caso de varones adolescentes.
El argumento de los padres suele ser que las adolescentes tienen un comportamiento inadecuado en la familia, porque les gusta salir, estar con sus amigos, por ejemplo. Pero en definitiva lo que quieren es que sus hijas “cumplan su rol de mujeres y ellos no cumplir su rol de papás”, sostiene Soria.
Para Guarachi esta “es una cadena muy peligrosa” que puede ser replicada por las adolescentes en su edad adulta. Además, puede desencadenar en huida. De hecho, entre enero y marzo, la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia recibió 61 denuncias de abandono de hogar.
El ámbito educativo también es de mucha violencia para las niñas y adolescentes, tanto física, psicológica y sexual, según Lidia Rodríguez, Responsable de la Unidad de Derechos Humanos de la Infancia, Niña, Niño y Adolescente de la Defensoría del Pueblo.
La psicológica es más difícil de determinar, pero según Karen Flores, directora de Voces Vitales, en un estudio determinaron que siete de cada 10 adolescentes fue objeto de burla de parte de sus profesores; de ese total el 40% son mujeres, es decir alrededor de tres. “Pero a las chicas les afecta con mayor intensidad, porque hacen referencia directa a su cuerpo, a su sexualidad, a su sexo o a su género; es más doloroso para ellas”.
Tres situaciones particulares
Las adolescentes embarazadas, las trabajadoras del hogar y las niñas indígenas son tres grupos sufren una carga adicional de violencia, por su misma situación.
En las primeras el embarazo suele ser el resultado de una violación, pero además deben soportar el estigma social que las responsabiliza de su situación. Esto hace que incluso les priven del derecho a estudiar, lo cual es inadmisible, indicó Rodríguez. En las áreas rurales son utilizadas incluso por algunos dirigentes para obtener ventajas o quieren aplicar la justicia comunitaria sobre ellas para ocultar al violador, según Guarachi. En los servicios de salud también sufren de discriminación, como indicó una madre adolescente a la que, por lo general, la hacen esperar más que al resto.
Las trabajadoras del hogar niñas y adolescentes no solo sufren explotación laboral y violencia física y psicológica, sino que también son maltratadas en el Ministerio de Trabajo cuando quieren denunciar a sus empleadores, porque les piden pruebas que ellas no tienen. Yola Mamani es radialista y vivió esa experiencia. “Cuando eres niña te golpean, no te puedes defender, solo lloras; te jalan del pelo, te pellizcan, te empujan; eso hacía mi empleadora”; además a muchas no las dejan estudiar.
Algunas tareas que las niñas indígenas deben realizar en el campo, como el pastoreo, también las expone al riesgo de violación. Una joven emigrante fue violada por su hermano mayor entre los ocho y los 14 años, hasta que decidió dejar su casa. Calló hasta los 18 años, pero su familia se puso del lado del violador. A sus siete años Mamani y su prima de 11 fueron testigos de una violación; si bien no entendían lo que ocurría, respondieron al pedido de auxilio de la adolescente y le lanzaron piedras al agresor, y cuando lo distrajeron escaparon corriendo.
La justicia, un problema
Una coincidencia entre todas las personas entrevistadas es que la justicia no responde de manera adecuada y oportuna para sancionar a los agresores, por diferentes motivos: indiferencia, insensibilidad, falta de personal, de recursos, burocracia, corrupción, entre otros aspectos.
La Paz cuenta con dos juzgados de la niñez que recibe también los casos de los Yungas y El Alto con uno, donde se encargan de las denuncias de las provincias del Altiplano. El abogado del Sedeges considera que la saturación se debe a que son multidisciplinarios, ya que atienden casos en materia penal, familiar y laboral, además de las adopciones.
Por otro lado, en el caso de la Policía no hay claridad sobre si la atención le corresponde a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV) o a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC). Un caso que puso en evidencia la descoordinación se dio en mayo, cuando una niña y un niño, ambos hermanos, sufrieron una violación. A la niña la derivaron a la FELCV y al niño a la FELCC. Esto en sí mismo, según Clavijo, es una vulneración de derechos.
Clavijo espera que el reglamento que están elaborando para la Ley 348 deje claras las competencias. Asimismo, están esperando que el Consejo de la Magistratura determine, en función a la población, cuántos juzgados especializados hacen falta para atender los procesos por violencia; sin embargo, todavía no se ha definido si habrá alguno específico para la niñez.
Mientras tanto, hay algunas sugerencias. La Defensoría del Pueblo plantea encarar una cruzada contra la violencia hacia la niñez y adolescencia, que involucre tanto a las familias como a la sociedad en general y a las entidades estatales. Considera también que se deben crear mecanismos de vigilancia sobre algunas actitudes que propician situaciones de violencia, como la pornografía, la erotización de las niñas, así como el consumo de alcohol y droga en espacios donde viven menores de 18 años.
La abogada penalista Ana Brígida Sagredo cree que el delito de violación debería ser imprescriptible, de manera que las víctimas puedan iniciar los procesos al alcanzar la mayoría de edad o cuando sientan la fortaleza suficiente.
Yola Mamani que el Ministerio de Trabajo tiene que cumplir lo establecido por la Ley 263 contra la trata y tráfico y reglamentar el funcionamiento de las agencias de empleo, un pedido que las trabajadoras del hogar vienen haciendo desde hace unos diez años.