Nueva ley aún no logra frenar la violencia contra la mujer

Helen Álvarez
Periodista

 Han pasado ocho meses desde la promulgación de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia Nº 348, el 9 de marzo, y durante este tiempo la norma ha promovido la impunidad. Hasta septiembre, al menos en las ciudades de La Paz y El Alto, no había un solo caso con sentencia, esto debido a lo largo de los procesos penales, que pueden extenderse por años.

Ésa es la conclusión luego de haber entrevistado a ocho mujeres en situación de violencia, dos abogadas especialistas en la temática, una fiscal asignada y a representantes de siete organizaciones que atienden casos de violencia -incluido un Centro Integrado de Justicia en la ciudad de El Alto-, de cuatro instituciones que impulsaron la ley, de dos organizaciones sociales de la ciudad de El Alto y de seis entidades gubernamentales y municipales.

Los relatos de varias mujeres que han decidido salir del círculo de la violencia y de las responsables de organizaciones e instituciones que patrocinan casos y acompañan los procesos son un recuento de los daños que la normativa ha ocasionado a la lucha contra la violencia machista.

La retardación de justicia, los cobros ilegales, la revictimización, la burocracia, los vacíos procesales, sumados a la deficiente infraestructura, la falta de personal especializado y sensibilizado, la corrupción, así como la presión social y familiar para impedir que los agresores vayan a la cárcel, entre otros aspectos, han provocado que muchas mujeres ni siquiera se animen a realizar su denuncia o que desistan en el camino.

Los registros de algunas de las organizaciones que atienden casos corroboran esto. El Servicio Legal Mujeres en Busca de Justicia tenía medio centenar de denuncias hasta agosto de 2012, pero en el mismo período de 2013 llegaron a 25 y de éstas 10 mujeres ya habían desistido. El Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM) registraba un promedio de 45 denuncias por semestre, pero hasta agosto de 2013 sólo tenía 15. El Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza (CPMGA) no tuvo ni una sola denuncia hasta abril; entre mayo y agosto sumaron 15 -de las cuales una fue abandonada-, cuando el año pasado, hasta agosto, tenía 29 y 28 con sentencia ejecutoriada.

Pero también están las mujeres que deciden no denunciar y que, en muchos casos, optan por resolver lo inmediato como asistencia familiar y garantías, que el agresor salga de la casa o ellas mismas dejan su vivienda, y suelen iniciar el proceso de divorcio. Entonces, los violentos quedan impunes.

Ni celeridad ni gratuidad

La ley establece celeridad, pero esto no ocurre. Entre marzo y agosto de este año, cada una de las ocho fiscales que reciben denuncias por la Ley 348 en las ciudades de La Paz y El Alto acumuló 345 casos; es decir, 2.760 en cinco meses o un promedio de 21 por día hábil. Pero hasta ese momento, la fiscal Frida Choque, por ejemplo, sólo había logrado hacer 20 imputaciones, menos del 6% del total, y sus colegas, según su cálculo, iban más o menos por la misma cantidad.

La imputación, que es acusar formalmente al denunciado, es el paso previo al inicio de la investigación y la ley establece un plazo de ocho días para recabar todas las pruebas que permitan hacerlo. Pero sólo la asignación de fiscal para que trabaje en la investigación con la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV – antes Brigada de Protección a la Familia), creada en abril por mandato de la norma, demora entre cinco y 12 días, según la directora nacional de la FELCV, coronela Rosa Lema Zannier. Entonces, el plazo se está ampliando a entre 30, 45, 60 días y más.

Después de la imputación se inicia la investigación, cuyo plazo es de seis meses, aunque lo normal es que sea más, y pasará más tiempo hasta llegar al juicio oral. Todas las abogadas coinciden en que no hay un proceso penal que dure menos de dos años.

Por otro lado, las organizaciones y las mujeres consultadas afirman que, a pesar de que la ley establece gratuidad, los cobros irregulares están institucionalizados. Notificaciones, transporte y refrigerios para los investigadores, gasolina, tarjetas para llamadas telefónicas, fotocopias, película para fotos y revelado, entre una larga lista de exigencias, tienen que ser cubiertas por las denunciantes.

Con las pruebas en la mano

Conociendo esas dificultades, las abogadas tratan de presentar las denuncias con todas las pruebas posibles, aunque recabarlas es responsabilidad de la FELCV y de la Fiscalía, pero en algunos casos ni así logran la imputación. Heydi Patzi, de Mujeres en Busca de Justicia, incluso presentó una queja ante el fiscal de Distrito para pedir reasignación de fiscal.

 «Ya voy con mi forense, ya voy con mi lista de testigos que han podido presenciar el hecho y con todas las pruebas que pueda acompañar. Estamos queriendo encaminar esta ley y con esto le aceleramos el trabajo al fiscal”, afirma a su vez Ana María Rojas, abogada del centro CPMGA.

La fiscal Choque explica que además de los 17 tipos de violencia incorporados en la Ley 348, también están atendiendo los casos tipificados en la Ley Integral 263 contra la Trata y Tráfico de Personas, además de delitos de violencia sexual. Si un niño de cuatro años es violado en el colegio y al mismo tiempo se presenta una víctima de violencia familiar, «dígame usted ahora, ¿qué voy a priorizar?”.

No habrá reglamento

La directora general de Prevención y Eliminación de Toda Forma de Violencia en Razón de Género  y Generacional del Ministerio de Justicia, Inés Pérez, sostiene que el problema está en la falta de voluntad de los operadores. Afirmó que conoce a funcionarias que están logrando mover todo el aparataje.

En todo caso, el Ministerio de Justicia confía en que el protocolo único resolverá varias dudas y también la Rectoría de los Derechos de las Mujeres, que se creará y que será una entidad pública desconcentrada pero bajo tuición de esa cartera de Estado.

Algunas propuestas

Frente a este escenario tan adverso para las mujeres surgen algunas propuestas. En el caso de la conciliación, la abogada Quiroga propone plantear un recurso de inconstitucionalidad, ya que este instrumento jurídico demanda igualdad de condiciones para llegar a un acuerdo, lo que no ocurre dentro de una situación de violencia en la que existe una relación de poder.

Varias organizaciones no gubernamentales (ONG) están asumiendo por su cuenta la capacitación, como la que realiza la CDH con las escuelas de fiscales y jueces.

La cooperación internacional está apoyando. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) financió los 937 mil dólares de la fase de arranque del Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género (SIPPASE), donde todo estará registrado. También respaldan la Agencia Suiza para el Desarrollo (Cosude) y ONU Mujeres, entre otras. Pero lo más urgente es que el Gobierno asigne un presupuesto específico. Todas las organizaciones consultadas consideran que el compromiso real del Estado, de cara a la lucha  contra de la violencia hacia las mujeres, se verá cuando se conozca el presupuesto general del Estado Plurinacional 2014.

Mientras, las abogadas no tienen otra alternativa que maximizar su voluntad, su creatividad y hasta su rabia para que las mujeres no se queden sin respuesta, aunque la violencia quede en la impunidad.

Las organizaciones y las mujeres consultadas afirman que, a pesar de que la ley establece gratuidad, los cobros irregulares están institucionalizados.

No existen recursos materiales ni humanos para aplicar la ley

Las instituciones, con camisa de fuerza

Las instituciones que deben garantizar el cumplimiento de la Ley Integral Nº 348 carecen de las condiciones físicas, humanas y de presupuesto para hacerlo.

No sólo se trata de aumentar personal, sino de que sea especializado y esto «será una lucha de años” para la abogada Ana María Rojas, del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza.

Para  2013 se necesitaban 249 millones de bolivianos, dinero que no hubo; y en 2014 se precisarán 137,5 millones, según un presupuesto de la ley realizado por los ministerios de Justicia y Autonomías, junto con varias organizaciones.
El presupuesto de 2014  mostrará si en verdad hay voluntad política para enfrentar la violencia, coinciden las personas entrevistadas.

Ese dinero servirá para crear todas las instancias especializadas en los municipios, en el Órgano Judicial -juzgados especializados y tribunales de sentencia-, en el Ministerio Público y en la Policía, y  dotarlas de infraestructura e ítems para poner en funcionamiento todos los mecanismos establecidos por la ley.

Los SLIM

Los servicios legales integrales municipales (SLIM) son un pilar de la articulación en la lucha contra la violencia. Sin embargo, sólo 158 de los 339 municipios del país cuenta con al menos uno.

En general, esas instancias padecen muchos problemas; y en particular, en La Paz y El Alto se registra una frecuente rotación de personal y falta de especialistas y espacios adecuados. En el trato hay poca delicadeza -e incluso maltrato-, coinciden las abogadas del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, de Capacitación y Derechos Ciudadanos y de Mujeres en Busca de Justicia. Con la nueva ley estas instancias además de atender casos de violencia, deben hacer valoraciones psicológicas y ofrecer terapia a las mujeres como a los agresores, explica Mónica Bayá, de la Comunidad de Derechos Humanos.

Marcelo Claros, director de Defensorías del municipio de La Paz, que tiene a su cargo el SLIM, reconoció los problemas y lamentó que la ley no recoja su trabajo previo, y que les carguen de atribuciones «sin analizar a fondo la realidad misma de la atención de casos”.

No obstante, hay «que poner las manos a la obra”, dice Claros, y  define que necesitarán 13 millones de bolivianos para  2014; es decir, siete más que en  2013, para cumplir con la ley. Con este monto -a pesar de la escasez de profesionales del área, según el funcionario- contratarán 21 especialistas en violencia, seis psicoterapeutas y un médico forense acreditado.

 Ministerio Público, abarrotado

«El esfuerzo humano ha sido sobrepasado”, por lo que es necesaria la designación de fiscales exclusivos para la Ley 348, afirma la fiscal Frida Choque. Pero también hace falta incrementar la cantidad de médicos forenses en todo el país.
Además, «lo que nos ha venido por sorpresa es el hecho de que no estemos capacitados en el tema de género, en el tema de violencia familiar, en el tema del ciclo de violencia, de los factores que implican  la violencia”, dice Choque.

A la FELCV le falta todo

La situación de la FELCV es una de las más críticas. Como fuerza debe investigar los casos de violencia doméstica que atendía como brigada -en promedio 51.000 al año, más unos 7.000 que antes veía la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC). Pero dispone de unas 500 personas para hacerlo, mientras que la FELCC tiene como 3.000, afirma Bayá.

Hay 90 investigadoras e investigadores y cada quien maneja unos 50 casos en promedio, sostuvo a su vez la directora nacional de la FELCV, coronela Rosa Lema Zannier. A esto hay que sumar todas sus carencias de infraestructura y vehículos, y la corrupción y el machismo que pesan sobre la institución (…).